Presupuesto: informe advierte que hay US$ 5.000 millones en endeudamiento solicitado cuyo uso no estaría explicado

Prácticamente, hace un mes que el Gobierno presentó al Congreso la Ley de Presupuestos 2024, el segundo que elabora la administración de Gabriel Boric y que contempla un crecimiento del gasto público de 3,5% el próximo año.

Uno de los temas que mayores dudas ha generado en el Congreso es la autorización de endeudamiento que ha solicitado el Ministerio de Hacienda para el próximo año, que asciende a hasta US$ 21.000 millones, entre financiamiento local y externo. Esta solicitud debe ser aprobada por quórum calificado (mayoría absoluta de los legisladores en ejercicio) por ambas cámaras del Congreso.

La razón de los cuestionamientos ha sido lo abultado del monto, que se compara con los hasta US$ 17.000 millones requeridos para 2023 y los mismos US$ 21.000 millones solicitados tanto en 2021 como 2022, años marcados por la pandemia del Covid-19.

Un análisis elaborado por el Programa Fiscal de la Universidad San Sebastián (USS) se sumerge en los números detrás de dicha solicitud, identificando las necesidades de financiamiento que enfrenta el Fisco el próximo año y que darían pie a la mayor autorización.

El reporte de las investigadoras Cristina Torres y Margarita Vial (la primera fue directora de Presupuestos entre 2021 y 2022 y la segunda fue jefa de Administración Presupuestaria en la misma repartición) identifica requerimientos de capital por parte del Fisco por US$ 15.672 millones el próximo año, desglosados en US$ 6.705 millones para solventar el déficit efectivo del sector público; US$ 4.655 millones para amortizar deuda; US$ 1.605 millones en necesidades de financiamiento de Corfo; US$ 1.199 millones en aportes a empresas públicas; US$ 728 millones en el apartado "otros"; US$ 591 millones en compromisos del Crédito con Aval del Estado (CAE); y US$ 188 millones de aportes netos a los fondos soberanos.

"Para efectuar un análisis detallado de esta solicitud, se deben contabilizar los distintos requerimientos, los que en algunos casos constituyen parte del gasto comprometido en la Ley de Presupuestos y, por otro lado, se consideran transacciones que no afectan el patrimonio neto", señalan Torres y Vial, enfatizando que luego de dicha revisión "solo se logran contabilizar" requerimientos de recursos por casi US$ 16.000 millones, "no encontrándose respaldo al requerimiento total de estos recursos".

Esto significa que cerca de US$ 5.000 millones de la solicitud de financiamiento no estarían explicados por el Ejecutivo, señalan las investigadoras.

Refinanciar deuda pasada

Torres y Vial, luego de analizar las partidas presupuestarias, acudieron a la presentación del Informe de Finanzas Públicas (IFP) para determinar si se explicitaban otras necesidades de financiamiento, encontrando US$ 7.200 millones destinados a amortizar deuda antigua con nuevas emisiones, y US$ 2.450 millones para solventar otras operaciones bajo la línea (o sea, que no afectan el patrimonio neto del Fisco).

Sin embargo, el análisis de la USS plantea dos dudas: la primera es que el perfil de vencimiento de la deuda bruta del Gobierno Central, incluida en el escenario del IFP, estima requerimientos de amortizaciones para 2024 por solo US$ 4.655 millones.

La segunda es que si bien el IFP señala que se amortizará deuda antigua con nuevas emisiones, el artículo tercero del proyecto ingresado al Parlamento establece que en el caso de las obligaciones amortizadas en 2024, no serán consideradas en el cómputo del margen de endeudamiento las que fueron constituidas en ejercicios anteriores, sean pagadas de manera anticipada de forma total o parcial el próximo año.

"De esta forma, a lo menos cabe preguntarse cómo el Ejecutivo completa el margen de deuda requerido, dados los antecedentes señalados", plantean Torres y Vial.

Las teorías

El reporte de la USS apunta a dos posibles explicaciones para la no identificación de la totalidad de los recursos que serán solventados con el mayor endeudamiento.

El primero es que se estarían reemplazando ingresos por ventas de activos (como depósitos a plazo y divisas, por ejemplo, que son activos del Tesoro Público) con mayor autorización de endeudamiento, lo que implicaría un cambio de criterio contable en el Presupuesto 2024.

Otra teoría es que Hacienda se estaría preparando para un escenario macro y fiscal más complejo en 2024, para lo cual reservaría ese espacio de mayor endeudamiento que entregaría margen para un mayor gasto público.